San Diego.- El juez José Rafael Dasis de la Oficina Judicial de Servicios de Custodia Permanente confirmó y aceptó la solicitud de la Fiscalía de Santiago e impuso prisión preventiva a los cabecillas de operaciones de tráfico menor en el municipio de Bizono. (Navarrete) En un operativo interinstitucional, esta entidad perseguidora irrumpió y decomisó droga, dinero en efectivo, chalecos antibalas, armas y municiones.
El tribunal también declaró complejo el proceso y sostuvo que la investigación estableció el papel que jugó cada imputado en la estructura del microtráfico.
A siete de los nueve acusados se les ordenó prisión preventiva, a dos de ellos se les impuso garantía financiera y se les impidió salir del país, y se les obligó a comparecer periódicamente ante el tribunal para ser investigados.
Ricardo Dillone Sosa (El Amarillo) y su esposa y socia de la organización Eliana Magdeline Francisco Núñez (Madeleine) fueron imputados y el tribunal les impuso 12 meses de prisión preventiva como fundadores del grupo.
Además, tres miembros de la Policía Nacional, Starlin Álvarez Álvarez, Jerison Morel Arias y Robinson Contreras Cisnero, también fueron trasladados al centro de prevención de detención sexual. Las personas cumplirán la medida durante seis meses en el Centro Correccional Bat Ibien Venedo, en Cister Manoguabo, provincia de Santo Domingo.
Asimismo, se ordenó la privación de libertad por tres meses a Willy Manuel Rivas (Willy) y Arístides de Jesús Castillo Fernández.
Mientras tanto, el juez impuso tres categorías de medidas contra Anthony Morel Rodríguez y Antonio Morel Peralta (Ramón), incluida la provisión de garantías financieras por valor de P20 millones en efectivo, la prohibición de salir del país y finalmente compareció ante el tribunal. Los viernes de cada mes, la fiscalía conoce el caso.
Entre los motivos de la medida, el juez expresó los vínculos de miembros de la Policía Nacional con el grupo delictivo y determinó que su deber era proteger a la sociedad y no brindar protección a quienes participan en tales delitos. Fueron llamados a llevar a cabo operaciones de combate.
Durante la lectura de las medidas coercitivas, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Quirsa Abreu Rodríguez, Juan Elías Pérez y Yeny Liranzo.
La Fiscalía de Santiago confirmó durante la investigación que la organización era "intocable" en Navarrete y que había sido utilizada en numerosas actividades delictivas, autoridad que se logró al incluir a los mencionados miembros de la Fuerza Pública y a un exfuncionario. por su equipo. Miembros de la Dirección Nacional de Investigación (DNI), protegiendo sus operaciones y actuando como informantes para advertirles de posibles investigaciones en su contra a cambio de dinero y otros beneficios.
Las investigaciones preliminares también creen que los miembros de la organización tienen amplios antecedentes penales y se especializan en el tráfico artesanal y el tráfico ilegal de armas de fuego y municiones.
Durante el operativo se incautaron cientos de pruebas.
Para interceptar a los delincuentes, los más de 30 fiscales involucrados en el operativo contaron con el apoyo de más de 400 miembros de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim), la Policía Nacional y 10 agentes adicionales de la Dirección. Consejo Nacional para el Control de Drogas (DNCD).
Los líderes de la organización, Amarillo y Madeline, fueron acusados provisionalmente de violaciones al Artículo IV, Sección D; 5. Letra A; 6. Letra A; 8, 28, 29, 34, 58, Letras A, B y C; Respecto a Medicamentos y Sustancias Controladas Artículo 60 y Artículo 75 Fracción II y Artículo 85J de la Ley N° 50-88, en la categoría de patrocinadores.
También se le acusa de violar los artículos 265 y 266 del Código Penal dominicano, que sancionan las asociaciones delictivas, además, enfrentan violaciones a la Ley No. 631-16 de la Ley de Armas, Municiones y Materiales Conexos y a la Ley de Lavado de Activos No. 155-17.
Respecto del imputado Arístides Morel Peralta (Ramón) y tres miembros de la fuerza pública, Álvarez, Arias y Cisnero, por violar el Código Penal dominicano 》 Artículos 177, 265 y 266 sobre cohecho y asociación con personas malvadas; también responderán a Se le imputa la violación del artículo 71 de la Ley N° 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, bajo la categoría de cómplices.
Además, el seudónimo Ramón enfrenta violaciones a los artículos 5-3, 5-4, 5-5, 30-2, 30-7, 30-8, 30-10, 33-1 y 34 de la Ley N° 17-19. acusaciones. Eliminar el comercio ilegal, el contrabando y la falsificación de productos regulados. Además, se violaron los artículos 167, 60, 66, 67, 108 y 170 de la Ley del Sistema Aduanero N° 3489.
En cuanto a Anthony Morel Rodríguez, se presentaron cargos provisionales por violación de los artículos 265 y 266 del citado Código, que prevén sanciones contra las asociaciones delictivas; además, violación del artículo 631-16 sobre armas 66 y 67 de la Ley N° 155-17. sobre Lavado de Dinero.
En cuanto a Willi Manuel Rivas, enfrenta cargos de traficante por violar los artículos 4, 5, 8, 9, 58, 75 y 85 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; así como también violar los artículos 4, 5, 8, 9, 58, 75 y 85 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y por violar los artículos 4, 5, 8, 9, 58, 75 y 85 sobre portación y posesión de armas de fuego. Ley N° 631-16 sobre , municiones y materiales afines.